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La ayuda a los parados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos beneficiará a más de 300.000 personas y entrará en vigor a mediados de este mes, con efectos retroactivos desde el 1 de agosto, según anunció el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho.

Esta medida será aprobada este jueves en el Consejo de Ministros extraordinario que celebran los miembros del Gobierno, cumpliendo con el anuncio que realizó el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, poco después de la ruptura del proceso de diálogo social.

Corbacho en una entrevista subrayó que los desempleados que hayan agotado prestaciones y subsidios y no tengan rentas podrán percibir esta ayuda, de 420 euros mensuales, durante un periodo de seis meses, evitando así que “queden desamparados desde el punto de vista de la protección social”.

El objetivo de esta ayuda es dar una renta de protección hasta que la gente vuelva a encontrar empleoEl perceptor de esta renta, explicó el ministro, asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo.

Corbacho destacó que el objetivo de esta iniciativa, cuya duración no acaba de convencer a los sindicatos, “no es el de hacer un subsidio, sino el de dar una renta de protección para que las personas que la reciban tengan acceso a una formación y puedan volver al empleo lo antes posible”.

Aunque cada perceptor sólo podrá recibir la ayuda durante un máximo de medio año, el Gobierno mantendrá en vigor este programa de ayudas durante más tiempo. De hecho, su permanencia estará condicionada a la evolución del paro y de las condiciones económicas.

“Parece razonable mantenerlo si la crisis no se acaba en seis meses o si empieza a ser superada pero permanecen sus efectos sobre el empleo, que suele ir un poco más lento. Por lo tanto, seis meses para la personas, que no para el programa”, precisó el ministro.

El coste de esta ayuda superará los 400 millones de euros y, según Corbacho, se financiará directamente con cargo al Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) y a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Vía:

www.20minutos.es

Cada día un trabajador granadino pierde su puesto de trabajo en un expediente de regulación de empleo (ERE).

Las empresas que están optando por esta fórmula han crecido en los últimos meses. De este modo, entre enero y abril de este año el número de trabajadores afectados ha crecido hasta los 361, más del doble que en el mismo periodo de 2008, cuando 130 granadinos perdieron su empleo.

«La situación», según Amelia Romacho, secretaria de Acción Sindical de CC OO en Granada, «es más que preocupante si se tiene en cuenta que la provincia casi no tiene tejido productivo». Esta fórmula, sin embargo, es,  según la sindicalista, «la menos mala, ya que al menos la empresa está obligada a presentar el estado de las cuentas realizada por una auditoría externa y hay negociación con los trabajadores».

Dos medidas que de poco han servido a los 119 personas que se han visto afectados por la extinción definitiva de sus contratos en los cuatro primeros meses de 2009. La cifra ha aumentado más del triple respecto a 2008, con 32 despidos.

Este es el motivo por el que los sindicatos abogan por una nueva modalidad, «la reducción de jornada para, al menos, salvar puestos de trabajo. Seis empresas han aceptado esta medida en los últimos meses, entre ellas Gráficas Zaidín y Suministros Hípica», apunta Romacho.

Tipos de ere

Por extinción de contratos - El más habitual. Son los despedidos propiamente dichos. Suele afectar a la construcción.

Por suspensión de contratos – La empresa suspende los contratos por una temporada, hasta que se recupera de la crisis.

Por reducción de jornada - La empresa decide reducir las jornadas laborales y los salarios de los trabajadores para poder ahorrar.

Vía:

www.20minutos.es